Recortar en Dependencia: más precariedad y desigualdad

Nadie puede negar que el sustento de una Ley que promueve la autonomía de las personas y la asistencia social personalizada conlleva una inversión importante por parte del Estado, cómo tampoco puede negarse el enorme esfuerzo que dedican diariamente las familias en los cuidados a sus personas dependientes. El coste es alto, pero mayor es la autonomía y calidad de vida que ganan todas y cada una de las personas que reciben algún tipo de atención por parte del Estado. Esa asistencia que ahora quieren eliminar, y lo están haciendo a la práctica, como algo consustancial a la salida de la crisis económica que sufrimos.

Modificar la Ley de Dependencia y recortar en el presupuesto que el Estado destina a a hospitales, centros de salud, centros de día, etc, supone retroceder años atrás y sobretodo devolver a lo privado, a las mujeres, la responsabilidad de ejercer esas tareas, sea cual sea su disposición, situación económica, familiar, etc.

Pero hay otras justificaciones contra la Ley de Dependencia por parte del Gobierno, incluso más contradictorias: en esta ocasión el Secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, habla de esos recortes como unaforma de promover un salto “profesional” que no debilita el papel de los y lascuidadoras familiares. Todo ello cuando su única propuesta (o mejor dicho imposición) es reducir las retribuciones o dejar de cotizar por ese trabajo.  ¿Pretenden profesionalizar el trabajo de cuidados eliminando o reduciendo todo lo que hacía que ese trabajo fuese respetado y retribuido?

Situándonos en la actualidad y sin conocer nada más de los planes del Gobierno, que por el momento han pasado tan solo por el recorte y la eliminación de derechos, resulta imprescindible valorar qué implicaciones tiene que las personas cuidadoras no profesionales dejen de cotizar por su trabajo en la atención a sus familiares y se recorten las prestaciones y servicios en este ámbito.

El primero de los peligros al que nos enfrontamos es precarizar la situación de muchas familias a quienes esa prestación les supone una pequeña vía de trabajo, generalmente afrontado por las mujeres. Recortar el 15% de una prestación que no era una retribución excesiva ni mucho menos, así como dejar de cotizar por quienes en un futuro podían recibir una pensión por su trabajo realizado, entraña desguazar los principales pilares de esta Ley.

De la misma manera, valorar menos ese trabajo de asistencia (qué por mucho que digan que no es profesional cumple esas mismas funciones) supone restar importancia a una cuestión crucial en nuestra sociedad: el cuidado de las personas, y en este caso con problemas de dependencia. Un trabajo que como el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda es realizado en más de un 85% por las mujeres, y que históricamente ha sido concebido como propio de lo doméstico (y con ello de las mujeres.)

 Una de las grandes luchas que el movimiento feminista ha encauzado en las últimas décadas en España es la de implicar al Estado en el cuidado de toda la ciudadanía y con ello, junto a la necesaria corresponsabilidad de los hombres, articular servicios públicos accesibles para todas y todos. Recordemos que fue en 2006 cuando el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero aprobó la “Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” con la que potenciar “el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales” como indica su preámbulo.

Así, modificar la Ley de Dependencia y recortar en el presupuesto que el Estado destina a a hospitales, centros de salud, centros de día, etc, supone retroceder años atrás y sobretodo devolver a lo privado, a las mujeres, la responsabilidad de ejercer esas tareas, sea cual sea su disposición, situación económica, familiar, etc.

La crisis económica (en la que se escudan para los recortes) gestionada como una desregulación de la economía y un desmantelamiento del Estado del Bienestar da alas a la vuelta de las mujeres a los hogares para hacerse cargo de lo privado y a la precariedad en el modo de vida de quienes menos recursos tienen.

Recordemos que la mayoría de cuidadoras familiares acogidas a la Ley de Dependencia son mujeres, lo que supone un reflejo de esa división sexual del trabajo que se puede romper con el fomento de la corresponsabilidad, promoción de la autonomía de las mujeres, creación de servicios públicos de cuidados, etc. pero todo ese trabajo se pierde si acabamos con las prestaciones a esas personas cuidadoras y reducimos los servicios públicos. 

Haciendo creer a la ciudadanía que la educación, la atención social o sanitaria son un lujo puede que consigan un presente más austero en términos económicos, pero conseguirán implantar la injusticia y estancarnos en la precariedad. 

Por último podemos considerar la bolsa de empleo y crecimiento que suponen los servicios sociales asociados a la Dependencia y que siempre que no estén precarizados son uno de los ejes en los que podríamos sostenernos para salir de la crisis.

Sería un gran error considerar que la situación económica y social se va a normalizar a costa de las mujeres, de las familias con menos recursos y de los servicios públicos: puede ser una opción para la especulación y la austeridad de hoy, pero sin duda cada vez más empieza a suponer una perdida de bienestar social, de productividad y de competitividad. No puede haber crecimiento sin confianza por el futuro, como tampoco puede haber un futuro en confianza con un presente inestable y desigual.

El camino emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy desde sus inicios va por el camino de demoler las pocas vías para la justicia social construidas con gran esfuerzo durante los últimos años. Haciendo creer a la ciudadanía que la educación, la atención social o sanitaria son un lujo puede que consigan un presente más austero en términos económicos, pero conseguirán implantar la injusticia y estancarnos en la precariedad.