Hace
un tiempo, no demasiado, escribía sobre unas declaraciones del Ministro de Justicia,
Alberto Ruíz-Gallardón en las que vinculaba la maternidad a la formación de
auténticas mujeres. A su vez, el citado miembro del Gabinete de Mariano Rajoy venía
criticando la supuesta presión social sobre las mujeres a interrumpir los
embarazos. Con todo ello en vez de estudiar esas situaciones (y comprobar
primeramente si existen) se dedican a predicar que van a mermar la libertad
individual impidiendo a las mujeres decidir sobre su embarazo.
"La interrupción voluntaria del embarazo no es un capricho, es un derecho conquistado por la sociedad española del que poder hacer uso sin reprimendas ni presiones "
Recordemos
que la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo cambió en 2010
bajo el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero para asemejarse a la de la mayoría
de países europeos, con el objetivo último de garantizar la libertad y
seguridad de las mujeres y los y las profesionales de la salud.
Fueron
momentos de fuertes ataques hacía el Gobierno por parte del Partido Popular,
bajo el paraguas de unas reivindicaciones que olvidaban ante todo la libertad
de las mujeres. Porqué si algo promueve la Ley es la salud sexual y
reproductiva y la información que permita elegir: ninguna mujer es obligada a
tomar una decisión u otra.
La reforma de la Ley IVE que están promoviendo a golpe de declaraciones y sin mayor fundamento nos traslada a una legislación anterior a la de 1985
Ahora
la polémica recae en unas nuevas declaraciones del Sr. Gallardón en las que
explicitan que pretenden prohibir la interrupción del embarazo aún en casos de
malformaciones en el feto. Conociendo las tácticas de comunicación del
Gobierno, seguramente dentro de poco volvamos a asistir a un capítulo más de
esta novela con tintes populistas y retrógrados que es la gestión del Gobierno
de Rajoy: quizá lo próximo sea poner en riesgo la salud de las madres.
Una acción que no solo no ofrece confianza en tiempos difíciles, sino
que resta de toda credibilidad para
ofrecer alguna mejora a la sociedad española. La reforma de la Ley IVE que
están promoviendo a golpe de declaraciones y sin mayor fundamento nos traslada
a una legislación anterior a la de 1985, poco acorde con los países con mayor
desarrollo en derechos civiles y sociales.
Acabar
con los derechos de las mujeres es una opción ideológica, aunque cuando nos hablan
de los recortes que están imponiendo dicen que se trata de una obligación
puramente económica.
Ciertamente
es inexplicable que hablen de fomentar la libertad de las mujeres, promoviendo
(u obligando) a seguir con su embarazo, y sin embargo acaben poco a poco con la
Ley de Dependencia que ofrecía opciones para que el cuidado a personas con
dependencia no sea un asunto privado y reciba la atención necesaria y gratuita
por parte del Estado.
De
la misma manera eliminar la cotización a personas cuidadoras (generalmente mujeres) que dedican su trabajo diario en cuidar a familiares es algo ruin, pero va más allá
del problema puramente económico y entra en el terreno de la dignidad (esos
recortes implican restar importancia a los cuidados, y con ellos a las mujeres)
Así,
aplicar el copago en sanidad con las dificultades socioeconómicas que conlleva
y dejando más vulnerables a quienes menos tienen no parece una medida
encaminada a ofrecer mayores cotas de libertad y progreso personal.
Obviamente,
en esos recortes no han aplicado la perspectiva de género, como tampoco lo han
hecho a la hora de valorar su reforma laboral, que precariza aún más el mercado
laboral y dificulta la conciliación laboral. Para el actual Gobierno promover
esa reforma injusta no es propaganda, pero si lo es sensibilizar unos valores
de igualdad, nuevas masculinidades y la lucha contra la violencia de género.
Todo
ello demuestra, y solo en una pequeña parte, como la igualdad de mujeres y
hombres no es una prioridad para este Gobierno. Pero afortundamante hay
alternativas, incluso para sus pretendidos objetivos...
¿Quieren
facilitar la maternidad, y la paternidad?
- Pueden hacerlo si ofrecen apoyo del Estado, y no solo económico. Si algo tiene que cambiar que lo haga toda la sociedad:
- si quieren ampliar la tasa de nacimientos no dejemos a nadie exento de asistencia social, ofrezcamos servicios universales de cuidados a todos los tipos de familias.
- No encasillemos a nadie en ningún papel, respetemos la diversidad de mujeres en sus decisiones de ser o no madres.
- Fomentemos también una paternidad activa, luchadora y con facilidades sociales-laborales.
- No dejemos de nuevo los cuidados a menores y personas dependientes como un asunto puramente privado y propio de las mujeres.
- Sigamos promoviendo la educación en valores, mejorando la información para las relaciones afectivo-sexuales, sensibilizando en el respeto, tolerancia y una buena salud sexual y reproductiva.
El
Gobierno tiene muchas acciones a elegir, y sí, también con las actuales
dificultades económicas. Pero solo si hacen de sus objetivos la igualdad, la
libertad y la justicia social. Las mujeres tienen derecho a decidir y nadie
debe hacerlo por ellas. ¿Con que tipo legitimidad pretende hacerlo un Gobierno
que además las ataca en cada una de las acciones que emprende?
La
interrupción voluntaria del embarazo no es un capricho, es un derecho
conquistado por la sociedad española del que poder hacer uso sin reprimendas ni
presiones. Si lo desean, fomentemos la maternidad, pero no a costa de las
mujeres. No en detrimento de su libertad y sus derechos sexuales y
reproductivos.
Rubén Castro Torres
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